MOISÉS MOLINA
Hace unos días estuvo Arturo Zaldívar en Oaxaca.
Convertido en uno de los “hombres fuertes” de la Presidenta Sheinbaum, ahora recorre el país para “sacar” el proyecto de nueva reforma electoral, junto con Pablo Gómez.
En esta nueva lógica de consultas, y conocido el tortuoso camino de la reforma judicial, la prioridad parece ser la legitimación – no solo racional- sino también popular de esta reforma que podría reconfigurar sustancialmente las reglas del juego en la competencia por el poder político.
De entre todo lo que dijo, el ministro en retiro fue particularmente enfático en una cosa: no hay ninguna iniciativa, proyecto o anteproyecto de reforma. Está en construcción.
Y todo parece indicar que habrá de integrarse una vez agotadas las audiencias públicas, que son el método privilegiado que la presidencia de la república ha elegido para concitar la participación ciudadana.
En dicha audiencia celebrada en Oaxaca, a la cual amablemente fui invitado, llamó particularmente mi atención la propuesta que el gobernador de Oaxaca hizo pública durante su intervención en el acto protocolario.
El mandatario propuso (y seguramente su propuesta será parte de la iniciativa final y de la nueva reforma) que dejemos de llamarles “sistemas normativos indígenas” y los reconozcamos como “sistemas normativos de los pueblos originarios”.
Así que seguramente en las constituciones y leyes secundarias cambiará la terminología e irradiará a los planes de estudio, la investigación y la academia entera.
Ahí estará -no podría ser de otro modo- la mano de Oaxaca, donde la costumbre es ley.
Las implicaciones de esto, que se podría juzgar como un simple cambio cosmético, pueden ser profundas y dar pie a que el gobernador Jara presente – en su oportunidad- una propuesta en forma y de gran calado.
En esa propuesta debería, a mi juicio, ir toda la experiencia acumulada de los pueblos originarios de Oaxaca en materia electoral.
Porque si un estado ha conservado y respetado el derecho de los pueblos a no ser algo que no quieran ser, y que tiene que ver con su derecho a la autodeterminación, ese estado es Oaxaca.
Mientras en otros círculos, la discusión estará en el destino de la representación proporcional, en acciones afirmativas de mujeres, jóvenes, personas mayores y comunidad LGBTQ+, en la autonomía de órganos electorales, en el destino de la jurisdicción electoral, en mecanismos de democracia participativa, en el régimen de partidos políticos y algunas otras no menos relevantes, Oaxaca debe “llevar mano” en lo relativo a los derechos político electorales de los pueblos originarios en todo el país.
En Oaxaca tenemos 30 años de auténtico pluralismo jurídico desde la rama electoral. Y la gran parte de los criterios que se han tomado en las salas de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido gracias a lo que cotidianamente pasa en los pueblos de Oaxaca.
Las respuestas que estarán por venir en la resolución de casos de otros estados seguramente ya las tenemos aquí
Y más aún. Los expertos – hablando desde las atalayas de la jurisdicción, la academia y los órganos electorales son oaxaqueños: Roselia Bustillo, Rita Bell López Vences, Raúl Ávila Ortiz, Vítor Leonel Juan, mis compañeros magistrados Luis Enrique Cordero y Margarita Gopar, Gustavo Meixueiro Nájera, Luis Miguel Santibáñez, Adelfo Regino y el propio Presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar, así como quienes actualmente fungen como consejeros y magistradas electorales locales.
Ofrezco disculpas a quienes por ignorancia o descuido he omitido, que seguramente son muchas y muchos brillantes paisanos.
Tengamos presente además que el Consejero Jurídico de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, previo a su actual responsabilidad, ha sido referente profesional del litigio electoral formado además en el post positivismo (anti positivismo debiamos decir) de Manuel Atienza en la Universidad de Alicante.
Si el Gobernador los convoca para integrar una propuesta en bloque, independientemente de las propuestas individuales que -principalmente jóvenes- han presentado y seguirá presentando, el país le deberá aún más a Oaxaca.
Aquí tenemos auténtico conocimiento experto que debe generosamente ponerse al servicio de la nación y los pueblos originarios de todo México.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
