Desde la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca expresamos nuestra profunda preocupación ante los múltiples hechos documentados en medios de comunicación y redes sociales que evidencian un patrón sistemático de abuso, hostigamiento y violencia institucional ejercida por inspectores municipales de Oaxaca de Juárez.
Estos casos —muchos de ellos registrados en video y ampliamente difundidos— afectan de manera directa a personas en situación de vulnerabilidad: comerciantes ambulantes, personas con discapacidad, artistas urbanos, mujeres con niñas, niños y adolescentes, y estudiantes, quienes han sido objeto de agresiones físicas, decomisos arbitrarios, robo de pertenencias y tratos discriminatorios por parte de funcionarios municipales.
Lo más alarmante es la ausencia de acciones correctivas por parte del propio Ayuntamiento, lo cual podría interpretarse como una política de permisividad institucional, por ello desde esta Defensoría recalcamos que la autoridad municipal está obligada a garantizar el respeto a los derechos humanos y a erradicar cualquier forma de criminalización de la pobreza o el trabajo informal.
Al respecto, hacemos un llamado urgente al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva para que ordene una investigación inmediata de los casos documentados, así también sancione a los servidores públicos involucrados y establezca protocolos con enfoque en derechos humanos para sus operativos en vía pública.
La DDHPO reitera que el ejercicio de la autoridad debe estar sujeto a principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana. Ninguna estrategia de orden puede construirse a costa de la dignidad. Por ello, se ha determinado
