Giuseppe Martínez
Transportistas federales denunciaron que el Binni Bus opera sin las autorizaciones correspondientes en carreteras de jurisdicción federal, generando invasión de rutas y una competencia desleal frente a empresas que sí cuentan con autorizaciones para desplazarse.
La inconformidad involucra las cuatro rutas federales donde opera el nuevo sistema de transporte: Huitzo, Telixtlahuaca, San Pablo Huixtepec y Tlacolula. En estos recorridos señalaron que el Binni Bus presta el servicio sin los permisos federales correspondientes.
Señalaron que la Secretaría de Movilidad (Semovi), encabezada por Yessenia Nolasco Ramírez, mantiene una permisividad que contrasta con las sanciones aplicadas a particulares que circulan por estas vías sin autorización.
Francisco Santos, secretario de la Coordinadora General de Transportistas Oaxaqueños, cuestionó que al Binni Bus se le permita prestar un servicio en rutas federales a las empresas que cuentan con permisos enfrentan restricciones y procesos de supervisión.
Por ello, ante lo que consideran invasión y operación ilegal, los transportistas promovieron amparos ante juzgados federales para defenderse de las afectaciones relacionadas con la operación de minibuses en rutas federales.
Tobías Rojas, vicepresidente de la Alianza de Transportes de Oaxaca, informó que seis empresas interpusieron recursos pero no fueron admitidos y que en uno de los casos se negó la suspensión bajo el argumento de un supuesto beneficio colectivo.
Asimismo, Francisco Santos, secretario de la Coordinadora General de Transportistas Oaxaqueños, sostuvo que esta situación evidencia un trato desigual para quienes prestan el servicio, puesto que mientras la Semovi avanza con su proyecto de reordenamiento, la instancia federal encargada de regular las carreteras mantiene al sector esperando una respuesta que no llega.
Los transportistas recuerdaron que el pasado 17 de julio se reunieron con representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Guardia Nacional y otras instancias federales para revisar la operación de las rutas; sin embargo, casi un mes después, la Federación no ha cumplido el compromiso ni ha enviado el calendario, pese a que los empresarios aseguran haber insistido en su cumplimiento.
Reordenamiento un desalojo sin consenso
Mientras siguen a la espera, la Semovi mantiene en marcha el reordenamiento de las terminales del Centro Histórico, sin que exista, según los transportistas, un proyecto plenamente socializado, ubicaciones definitivas o información suficiente sobre la infraestructura y las condiciones que tendrán los nuevos espacios.
La reubicación sin infraestructura y conectividad suficientes, señalaron, podría obligar a los usuarios a utilizar dos o más unidades para completar sus recorridos, aumentando el tiempo y el costo del transporte. La afectación alcanzaría a estudiantes, trabajadores, comerciantes y habitantes de las regiones que diariamente llegan a la capital.
Aseguraron en que no está en contra del reordenamiento, sino de que se ejecute sin consenso. Adviertieron que, en las condiciones actuales, el proyecto parece más un desalojo de las terminales existentes que un verdadero reordenamiento, porque primero se plantea sacar a los transportistas y después definir dónde y cómo continuarán prestando el servicio.
Recordaron el antecedente de los taxis foráneos, al señalar que algunas de las zonas habilitadas entonces no contaban con las condiciones suficientes de seguridad, infraestructura, accesibilidad y conectividad.
“Esto evidenció una planeación deficiente que incluso fue percibida por la ciudadanía”
También existe preocupación por los turistas que utilizan estas terminales para trasladarse hacia la Costa, Mixteca, Istmo y otros destinos. Los transportistas adviertieron que enviarlos a puntos alejados, sin condiciones de seguridad y conectividad previamente garantizadas, puede complicar sus desplazamientos, particularmente para quienes desconocen la ciudad.
El impacto económico tampoco es menor. El sector calcula más de tres mil unidades entre las organizaciones representadas y miles de empleos directos e indirectos. Una de las empresas participantes estima alrededor de dos mil empleos, además de la actividad que genera para talleres, establecimientos de refacciones y otros proveedores los que se verán afectados.
Ante la falta de respuesta de las instituciones, los transportistas ya comenzaron a organizarse con agrupaciones de Chiapas, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Puebla, con la intención de consolidar una organización nacional. Buscan llevar la defensa del sector más allá de Oaxaca y responder de manera conjunta a conflictos similares en otras entidades.
