GIUSEPPE MARTÍNEZ
La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha abierto un debate entre la protección de los radioescuchas y televidentes y los alcances que tendría el Estado para intervenir en controversias relacionadas con contenidos de radio y televisión. Actualmente, el proyecto se encuentra en consulta pública y busca establecer los mecanismos para hacer efectivos derechos que ya están previstos en la legislación mexicana.
De acuerdo con la propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los concesionarios deberán contar con un Código de Ética y un Defensor de las Audiencias para atender las quejas de la población. Además, por primera vez, la autoridad reguladora podría intervenir cuando una persona no esté conforme con la resolución del defensor o cuando un medio no atienda sus recomendaciones. El Gobierno federal sostiene que el objetivo es garantizar información veraz, plural, incluyente y fortalecer los derechos de las audiencias, no censurar a los medios.
Sin embargo, periodistas, especialistas y organizaciones han expresado preocupación porque consideran que algunos conceptos incluidos en los lineamientos, como determinar cuándo una información carece de contexto o distinguir entre información y opinión, podrían quedar sujetos a interpretaciones de la autoridad. También advierten que las facultades sancionadoras de la CRT podrían generar un efecto inhibidor sobre la libertad editorial de los medios.
En ese contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que el Estado mexicano está obligado, conforme a tratados internacionales, a garantizar el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas, así como a evitar restricciones directas o indirectas a la libertad de expresión. El organismo ha señalado que cualquier reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe apegarse a esos estándares internacionales.
La consulta pública de los lineamientos permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual ciudadanos, concesionarios, organizaciones y especialistas podrán presentar observaciones antes de que la regulación sea discutida para su eventual aprobación.
