
El secretario de Gobierno, Jesús Romero, aclaró que los alcoholímetros no están prohibidos, pero su instalación debe contar con la aprobación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), lo que no tenía el operativo alcoholímetro de San Jacinto Amilpas donde fue asesinado un funcionario municipal.
Según manifestó estos operativos deben de cumplir con criterios establecidos en coordinación con la Policía Vial y el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de garantizar protocolos adecuados y prevenir hechos de violencia.
Por ello, precisó que el alcoholímetro instalado en San Jacinto Amilpas, no contaba con la autorización correspondiente, ni cumplía con los protocolos de seguridad ni con la coordinación del mando metropolitano, lo que derivó en una situación compleja durante su operación.
De acuerdo con la información disponible, tras un altercado inicial en el punto de revisión, un grupo de motociclistas atentó contra un funcionario municipal , por lo que la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones necesarias para dar con los responsables.
Romero informó que se instruyó al director de la Policía Vial a establecer comunicación con el presidente municipal, a fin de dialogar y revisar las condiciones de dicho alcoholímetro en particular.
Subrayó que en los municipios como Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán cuentan con alcoholímetros debidamente aprobados y con supervisión permanente del Gobierno del Estado, a través de la Policía Vial, la Secretaría de Seguridad Pública y la Mesa de Seguridad. Incluso, en los operativos estatales participa la Secretaría de Honestidad y Función Pública para vigilar el actuar de los servidores públicos.
Lamentó lo ocurrido en San Jacinto Amilpas y reiteró que se llevará a cabo una investigación a fondo para deslindar responsabilidades y garantizar que estos operativos se realicen conforme a la ley y con respeto a los derechos ciudadanos.